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Introducción

La Liberalización del mercado energético se inició en 1998 y concluyó en enero de 2003, fecha en la que culmina en España el proceso de liberalización promovido por la Unión Europea con las Directivas 96/92/CE y 98/30/CE. A partir de este momento, cualquier cliente puede elegir la compañía suministradora de electricidad y gas.

Estas Directivas han sido traspuestas a la regulación en nuestro país mediante la Ley del Sector Eléctrico de Noviembre de 1997 y la ley de Hidrocarburos de 1998, respectivamente.

La Ley de Hidrocarburos 34/98 tiene como principales objetivos garantizar la seguridad y continuidad del suministro de gas, y garantizar que se realice al menor coste posible. Este nuevo marco regulador ha liberalizado la actividad de comercialización de gas natural, y ofrece la capacidad de elegir compañía suministradora y negociar con ésta un precio inferior al de la tarifa de gas correspondiente.

Se entiende por "elegibilidad" el derecho de los consumidores a elegir el modo de contratar el gas natural, es decir, continuar a tarifa (precio fijado por la Administración) o contratarlas con la empresa comercializadora que mejor satisfaga sus necesidades o le ofrezca las condiciones más favorables.

El nuevo marco regulador, mantiene reguladas las actividades de trasporte y distribución por su condición de "monopolios naturales", de modo que continúan a cargo de las mismas empresas que realizaban estas actividades con anterioridad a la apertura de mercado y se suprime la consideración del servicio público para el gas, aunque pasa a considerarlo como un servicio de especial importancia para el desenvolvimiento de la vida económica.