naturgas

19/12/2011

La huella del carbono en las compras públicas

La Oficina Española de Cambio Climático creó a principios de 2011 un grupo de trabajo para elaborar una guía de cálculo de la huella de carbono, con el fin de incluirla posteriormente como herramienta en el proceso de contratación pública. Con la implantación de esta medida, el gobierno español pretende contribuir a la reducción de las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) en las actividades económicas.

Recientemente, ha salido a información pública la Guía para el cálculo de la huella de carbono de Alcance 1 y 2. ¿Qué es la huella de carbono? Es la contabilización de todas las emisiones de gases efecto invernadero emitidos por efecto directo o indirecto de un individuo, organización o producto/servicio

Este cálculo permite a las empresas conocer el origen de sus emisiones, y centrar así su esfuerzo en las áreas de mayor potencial de reducción, orientando con mayor eficiencia las actuaciones en materia de cambio climático.

¿Qué son los alcances de la huella de carbono? En función de las emisiones que contabilicemos, podemos definir tres alcances diferentes:

La Guía establecida por la Oficina Española de Cambio Climático pretende facilitar a las organizaciones el cálculo de las emisiones asociadas a sus actividades (en principio, de Alcance 1 y 2), ó la estimación de las emisiones que pueden reducir cuando implanten una acción de mitigación. Para alcances superiores, la Administración publicará en el futuro guías de cálculo sectoriales.

Los contratos de la Administración que se verán afectados son: obras, concesión de obra pública, gestión de servicios públicos, suministros y servicios. Además, la Administración podrá exigir la huella de la organización, o la huella del producto. En el caso de la primera, podrá plantearse como una exigencia medioambiental que permita cualificar a una empresa como “solvente técnicamente”. La segunda se podrá requerir a través de las especificaciones técnicas.

El resultado de estos trabajos será una Orden Ministerial que modificará la actual que regula el Plan de Contratación Pública Verde.